Las Isapres son seguros individuales cuyos precios se ajustan por el riesgo de las personas; las mujeres y la tercera edad pagan más por su plan, porque su costo es mayor y se regula por la Tabla de Factores de Riesgo de cada Isapre. Esto, unido al constante aumento de precios ha provocado que los afiliados consideren injusto este diferencial de precios y reclamen a la Superintendencia, a los tribunales y al tribunal constitucional. Es posible que este tribunal, o el parlamento deroguen la tabla de factores de riesgo. Si esto ocurre sin una legislación complementaria, las Isapres deberán aplicar obligatoriamente un sistema de prima plana "solidaria" para cada plan, lo que provocará aumentos de precio a los hombres y población joven y una migración a FONASA de entre 480.000 a 650.000 cotizantes de menor riesgo relativo. Para regular esta situación y evitar en parte los efectos adversos de la medida se debe legislar considerando a lo menos:

- Cambiar la concepción de las Isapres y que pasen a ser seguros individuales que solidarizan los riesgos a determinado nivel y cuyo precio, a ese nivel, se paga sin diferencias por sexo, edad y sin selección al ingreso.

- La solución se ha adoptado en diversos países y lo más apropiado en Chile sería ampliar y perfeccionar el actual fondo compensatorio por riesgo Inter-Isapre, y organizarlo en base a un plan garantizado, el cual debe incorporar el GES, la cobertura adicional por enfermedades catastróficas y otros beneficios que le permitan a la gente acceder a un nivel de salud razonable y coherente con el de FONASA nivel D.

- Las personas pagan el precio del plan independientemente de su riesgo por edad y sexo, y el fondo compensa a los seguros privados en base al riesgo de sus carteras de afiliados, ajustadas por morbilidad y nivel de ingresos.

- Por sobre ese plan, las personas podrían mejorar su plan pagando voluntariamente primas adicionales ajustadas por riesgo.

- El subsidio por incapacidad laboral debe separarse del plan de salud para efectos de financiamiento.

La decisión del Gobierno de abrirse a discutir este tema con la oposición es una oportunidad para lograr acuerdos que eviten las negativas implicancias de la derogación de la tabla de factores de riesgo sin una legislación complementaria que es indispensable.

Héctor Sánchez
Director Ejecutivo
Salud y Futuro
Universidad Andrés Bello